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El país  |  Martes, 12 de octubre de 2010

Lejos de apagarse, la experiencia de las empresas recuperadas se ha asentado y muestra un flujo constante de nuevos casos. Así lo señala el Tercer Relevamiento del sector realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el informe revela que las recuperadas siguen creciendo en número y ampliando sus planteles de trabajadores. Una de las conclusiones de la investigación es que la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo ha sido incorporada por los trabajadores como una herramienta cierta de acción frente a conflictos que antes consideraban sin salida.
El relevamiento fue presentado el sábado en el centro cultural de la imprenta recuperada Chilavert. El director del programa, Andrés Ruggeri, con el apoyo de un Power Point mostró los datos principales de lo que es, a fin de cuentas, el mapa más completo que se tenga sobre el tema, un mapa armado en base a visitas a cada cooperativa por parte de los investigadores, 85 estudiantes universitarios que hicieron el rastrillaje. La universidad ya había hecho otros dos relevamientos generales, en el 2003 y 2004, y luego –en el 2007– un estudio de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Esto le permite hacer comparaciones en el tiempo y detectar cambios y tendencias.
Una de las novedades de esta época es que aparecen otros actores entre quienes son señalados por los trabajadores como sus apoyos. En primer lugar, en los procesos de recuperación el respaldo más fuerte sigue siendo el de las otras empresas recuperadas, pero ahora aparece el Estado (en años anteriores no era así) y aumentó la importancia otorgada a los sindicatos, mientras que se desdibujaron los movimientos sociales. Quizá lo más llamativo sea el giro que dieron los gremios, que allá por el 2001, en el pico de este fenómeno, eran hostiles a la toma de empresas y su reapertura por parte de los trabajadores, con la única excepción de la UOM.
Entre el público reunido en el primer piso de Chilavert, sin embargo, hubo otro tema que se llevó todo el interés: la situación de los trabajadores y, en especial, el modo en que realizan nuevas incorporaciones a sus cooperativas. De acuerdo con el relevamiento, hoy en las recuperadas trabajan 9362 personas (en el 2004 eran bastante menos, 6900). Este crecimiento se debió no sólo a que hay nuevas empresas autogestionadas, sino a que las antiguas tomaron trabajadores. El conflicto está en que un elevado número de las incorporaciones se hace bajo contrato.
Como cooperativas de trabajo (ésta es la forma legal que adoptaron todas las recuperadas para poder impulsar la expropiación de las máquinas y edificios), las empresas autogestionadas sólo pueden tomar gente en calidad de aspirantes a socios, con un período de prueba de seis meses, vencido el cual deben definir si los integran. En la investigación, surgió que un 46 por ciento de las recuperadas tienen en su plantel de trabajadores a personas que no son socias. De ellas, un 45 por ciento aparece como contratados como aspirantes y otro 21 por ciento figura en la encuesta como contratado, sin más detalle, es decir que no se sabe en qué condición.
El dato sirvió para abrir la discusión sobre las dificultades de las recuperadas en este punto, una cuestión sensible porque hace a su identidad. Si en épocas de crecimiento piensan en ampliar el número de trabajadores, cuando sus ventas decaen o su mercado se achica no pueden aplicar la clásica receta de los privados y despedir gente. Les queda el recurso de que cada socio se lleve menos dinero a su casa a fin de mes, pero esto pone en crisis a la cooperativa. En algunos casos, hay cooperativas que decidieron colectivamente hacer suspensiones rotativas. Como sea, hay un panorama que vuelve muy complejo para las recuperadas tomar la decisión de agregar puestos de empleo.
Para algunos de los trabajadores presentes en el debate, la solución sería permitir a las cooperativas de trabajo tomar personal en relación de dependencia. Otros plantearon que el período de prueba podría extenderse a dos años, porque asociar a un nuevo integrante a una cooperativa es una decisión de demasiado peso. La mayoría expresó que las leyes que se aplican al sector no son adecuadas; fueron hechas para cooperativas de trabajo, pero las recuperadas no nacieron como cooperativas, sino que tuvieron que adoptar a la fuerza esa figura legal. El trabajo autogestionado, coincidieron, es otra cosa.
El desafío de incorporar trabajadores todavía no encuentra un modo de ser resuelto, y se muestra como el gran tema de los próximos años.
El rol del Estado aparece como complejo y contradictorio. “Al no tener una política coherente, el Estado atiende a las recuperadas con acciones sueltas”, señaló Ruggeri. El grueso del apoyo es a través de subsidios: el 85 por ciento de las recuperadas declaró haberlos recibido, la mayoría a través del Ministerio de Trabajo, que creó el Programa Trabajo Autogestionado, y luego a través del Inaes y del Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento detectó, sin embargo, que no hay una política unificada ni siquiera en la otorgación de los subsidios, que en general se entregan luego de que los propios trabajadores presionan y buscan “en los recovecos de la administración la posibilidad” de conseguirlos. Mientras tanto, el grueso de las expropiaciones sigue sin ser pagadas por el Estado, lo que da lugar a juicios de expropiación inversa, y no se ha impulsado la sanción de una legislación específica para el sector, lo que deja a las autogestionadas sin acceso al crédito –ya que no tienen la propiedad de sus inmuebles– e incluso fuera de los créditos de la banca estatal, y sin poder acceder a los planes de promoción para las pymes.
Sobre este panorama de dificultades, con todo, las recuperadas se muestran como una realidad consolidada y vital. De las 128 estimadas como existentes en el 2003, pasaron a 161 en el 2004 y a 205 en la actualidad. Aunque la mayoría están ubicadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en los últimos años el crecimiento se hizo más notable en el interior del país. El relevamiento señala que la crisis internacional generó una nueva camada de recuperadas, pero que en general lo que se ve es un flujo estable de nuevas recuperaciones. La tasa de permanencia de las autogestionadas también se mantiene alta, como otro indicador de la potencialidad del sector.

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Universidad  |  Martes, 21 de julio de 2009

“Intentamos aportar al desarrollo de la organización de trabajadores en empresas recuperadas con respeto y mutua confianza”, aseguró Andrés Ruggeri, subsecretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a cargo del programa Facultad Abierta. La iniciativa está dirigida a estudiantes, investigadores, docentes y graduados para vincularse con las empresas recuperadas, organizaciones sociales y movimientos populares e interactuar con ellos con base en “el intercambio de conocimiento y el desarrollo de la investigación” en el marco de un equipo multidisciplinario.
“El programa generó áreas de trabajo en las que buscamos que se diferencie de las concepciones tradicionales de la extensión y de la investigación”, afirmó Ruggeri a Página/12. El objetivo estuvo centrado en desarrollar acciones solidarias con los trabajadores, la “formación de comisiones de asesoramiento técnico, jornadas de discusión y, especialmente, trabajar en el primer relevamiento de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT)”, según indica el documento sobre la experiencia, con el fin de fortalecer la capacidad autogestiva de las empresas y “disminuir su vulnerabilidad social y tecnológica”.
El Programa Facultad Abierta funciona desde hace siete años cuando a raíz de la debacle económica de fines de los ’90 las quiebras en empresas y fábricas fueron moneda corriente y las fuentes de trabajo de gran cantidad de trabajadores se puso en peligro. Ante este panorama, la unidad que debieron entretejer para no quedar en la calle los llevó a tomar el mando de las empresas desde el nivel ejecutivo, el operativo y el administrativo. Comenzaron a florecer experiencias similares en todo el país que llamaron la atención del ámbito académico a tal punto que, a raíz del trabajo de Filo, en 2004 cuatro facultades de la UBA, Filosofía y Letras, Ingeniería, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales, presentaron el proyecto ante el Consejo Superior que finalmente aprobó.
“En las últimas convocatorias que hicimos para trabajar sobre el tercer censo de empresas recuperadas se acercaron voluntariamente cien estudiantes de todas las carreras de Filosofía y Letras y de todas las de Sociales”, aseguró Ruggeri. De los dos registros elaborados el último data de 2004, y allí el programa pudo establecer que existían 160 empresas recuperadas a nivel nacional en las que desarrollaban tareas cerca de nueve mil trabajadores. El nuevo trabajo de acopio y actualización de la información se pondrá en marcha a partir de la segunda semana de agosto. Pero además Facultad Abierta apunta también a “trabajar en el rescate de la memoria, específicamente en este caso sobre las empresas energéticas del sector público”, señaló el director del programa. Para ello se encuentra avanzado un acuerdo con la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera) de la Central de Trabajadores de Argentina.
Uno de los logros de Facultad Abierta fue la creación del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que es de consulta abierta, tanto para trabajadores como para investigadores y público en general, organizada por un equipo de más de diez estudiantes voluntarios. Allí es donde se acopia y registra toda la documentación e investigación de la experiencia realizada a través del programa y funciona en la Cooperativa de Artes Gráficas Chilavert, una ERT que el 20 de octubre cumple siete años de estar bajo control obrero.
Para mediados de agosto se desarrollará el II Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores: trabajo y autogestión frente a la crisis global”, del que participarán personalidades académicas y trabajadores de todo el continente. Su primera edición fue hace dos años, de la que participaron representantes de Cuba, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. La experiencia quedó plasmada en publicaciones de la facultad y están prontos dos libros más, uno sobre el primer encuentro y otro denominado Las empresas recuperadas: autogestión obrera en Argentina y América latina, y tres videos documentales: El caso de la Cooperativa Bauen, El caso de la Cooperativa Chilavert y El caso de la Cooperativa 19 de Diciembre.

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Universidad  |  Viernes, 3 de noviembre de 2006

"Con 20 años de trabajo, uno estaba más acostumbrado a estar con las máquinas o con la patronal. Nos faltaba roce con otra gente. La relación con los estudiantes nos ayudó a cambiar un poco de mundo", dice Plácido Peñarrieta, presidente de la Cooperativa Chilavert, una de las 170 empresas recuperadas por sus trabajadores que funcionan en Argentina. Ese "cambio de mundo" es una de las consecuencias que –reflexiona– los trabajadores más valoran del Programa Facultad Abierta. Desarrollado desde hace cuatro años por docentes, graduados y estudiantes voluntarios de Filosofía y Letras (UBA), el proyecto conjuga investigación y extensión universitaria y acaba de inaugurar el primer Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.
Facultad Abierta comenzó a funcionar en 2002, en plena crisis social, con el propósito de apoyar a organizaciones populares, ONG, asambleas barriales y empresas recuperadas. “Rápidamente, el programa fue concentrando sus pocos recursos en las empresas”, dice a este diario Andrés Ruggeri, subsecretario de Extensión de la facultad. Los voluntarios que se fueron sumando –llegaron a ser cien– comenzaron asesorando a los trabajadores en cuestiones legales y organizativas, luego se ocuparon de hacer un relevamiento nacional del fenómeno y otro latinoamericano (www.guiarecuperadas.com.ar). Ruggeri afirma: “Creo que pudimos colaborar con la visibilidad pública de las empresas. También tratamos de aportar al conocimiento propio de lo que estaban realizando, de articular su trabajo con equipos técnicos que pudieran asesorarlos. En ese sentido, nos costó que pudieran ver al ingeniero no como un esbirro del patrón, sino como alguien con quien podían discutir para buscar las mejores opciones... Igual, fue más lo que nos aportaron ellos: nos ayudaron a reflexionar sobre el rol de la universidad ante las necesidades sociales”.
Para Peñarrieta, los universitarios ayudaron con “lo más difícil, que es poner a funcionar las cooperativas”. “Nos resultó útil el intercambio con los estudiantes; ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. Por ejemplo, antes nos costaba mucho hablar en público, con la prensa o cuando nos invitaban a una facultad. Los chicos tienen una forma inteligente de ayudarnos y ayudar a las demás cooperativas. Se fijan cómo nos estamos organizando y qué está haciendo falta. Cuando nosotros u otros trabajadores tratamos de averiguar y preguntar, por ahí se piensa que alguien quiere aprovecharse o buscar un beneficio personal... Hemos visto a muchos políticos crecer a costa nuestra... En cambio, con los estudiantes es diferente, se entiende que están estudiando.”
En los cuatro años transcurridos desde una primera etapa de toma de las empresas y la posterior puesta en marcha, la situación se modificó. “Ahora se están empezando a ver los límites y problemas de la autogestión dentro de un sistema capitalista –añade Ruggeri–. Nuestro objetivo es fortalecer las cooperativas mediante la relación con la universidad pública, en momentos en que todavía están en cuestión la legalidad y la propiedad de estas empresas. No hay políticas públicas hacia las empresas recuperadas. Para el Estado son una especie rara de cooperativas. Y los trabajadores se encuentran en una situación en la que necesitan recuperar su fuente de trabajo y, a la vez, dar paso a una mirada de empresarios.”
En este contexto, hace dos semanas fue inaugurado formalmente el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, en Chilavert 1136, y está abierto al público diariamente, de 10 a 18. “Es más que un archivo, no sólo se ocupa del registro de materiales, también se impulsan investigaciones, se ofrece apoyo a empresas y trabajadores, tratamos de hacer aportes y opinar sobre políticas públicas.” Veinte estudiantes de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales –la mayoría alumnas– se incorporaron como voluntarios al centro. Como una tarea de extensión universitaria, cada alumno va una vez por semana, tres o cuatro horas, atiende consultas, ayuda en la búsqueda y la catalogación de materiales. Hay desde artículos periodísticos –de medios masivos y también alternativos–, ponencias académicas, los pocos libros publicados sobre el tema, documentos y volantes de las cooperativas, videos y audios documentales, material producido desde el programa (encuestas, relevamientos). Hasta el momento, la mayoría de los visitantes son extranjeros, miembros de movimientos antiglobalización, muchos académicos y curiosos de la experiencia de las empresas recuperadas.

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